Mujeres académicas y de instancias gubernamentales y civiles dialogaron en el CUCSH
sobre las acciones que la legislatura estatal debe tomar para que el aborto sea
despenalizado constitucionalmente
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad
de Guadalajara (UdeG), a través del Centro de Estudios de Género; colectivas
universitarias, instituciones educativas, organizaciones civiles y miembros del Poder
Legislativo dialogaron en la Jornada de Reflexión sobre la Despenalización del Aborto
sobre las acciones necesarias para despenalizar el aborto de manera justa, saludable y
sin riesgos en Jalisco.
La Coordinadora de la jornada, maestra Mariana González Márquez, explicó que las
actividades organizadas se centran en “la reflexión de acciones y políticas públicas
necesarias para que en Jalisco haya un acceso al aborto libre y seguro, y que las
mujeres ejerzan de manera real su autonomía y sus derechos sexuales reproductivos”.
Añadió que, además de las mesas de trabajo, se efectuarán actividades culturales para
tener distintos puntos de vista, así como una reflexión más crítica y completa de lo que
es el aborto y cómo las mujeres y personas gestantes viven sus derechos reproductivos.
En cuanto al ámbito legal, se realizó la mesa “Las obligaciones del Estado”, en la que
participaron la diputada Susana de la Rosa Hernández; la subsecretaria de Acceso de
las mujeres a una vida libre de violencias, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre
Mujeres y Hombres (SISEMH), Malena García Trujillo y la responsable jurídica de Ipas
Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC), Herma Araujo.
De la Rosa Hernández señaló que el amparo presentado por colectivas y la sociedad
civil funge como una obligación a despenalizar el aborto en Jalisco debido a que en
septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el cambio
constitucional para proteger el derecho a la salud digna de mujeres y personas
gestantes.
Explicó que el Congreso está obligado en los próximos 22 días hábiles a legislar y
aprobar la iniciativa que permita a todas las personas gestantes y al personal de salud
que realice un aborto, no sean culpabilizados y sean respetados sus derechos humanos.
García Trujillo añadió que es necesario garantizar el aborto seguro en las instituciones
públicas de salud, tomando en cuenta que el artículo cuarto constitucional señala que
todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Tomando en cuenta lo anterior, el SISEMH ha mapeado la cantidad de abortos seguros
realizados desde 2016: encontró que de 2016 a 2024 se han realizado 342 abortos, de
los cuales 87 % se ha realizado de 2022 a la fecha, cifra que queda muy corta a la
cantidad de carpetas de investigación que maneja la fiscalía estatal.
“Un punto importante es que en Jalisco el sector salud no realizaba abortos previos a
2022 que no fuera por riesgos fisiológicos, los cuales no son los únicos temas que
debemos considerar, puesto que existen riesgos sociales y de salud mental que se
deben atender; por suerte, en ese año logramos que dos mujeres accedieran al servicio
por problemas de salud mental y enlazamos siete casos a Ciudad de México para
realizar abortos seguros y acompañados”, informó García Trujillo.
Desde el Ipas LAC, Herma Araujo dijo que han identificado que Jalisco es uno de los
cuatro estados que tienen una resolución inapelable y se ordena al Congreso del Estado
a despenalizar y modificar las disposiciones que criminalizan el proceso de aborto.
Agregó que uno de los puntos relevantes, una vez que se legisle, es modificar que las
personas gestantes puedan abortar con libertad si así lo desean y no sólo en caso de
violaciones o riesgo a la salud o la vida.
Entre las acciones que debe tomar el Poder Legislativo estatal al despenalizar el aborto,
las ponentes consideraron la creación de un presupuesto público para la atención a
mujeres y personas gestantes que requieran del procedimiento, diagnóstico seguro,
erradicación de las etiquetas o juicios y una educación constante del marco legal a los
prestadores de servicio de salud para que no teman represalias al realizar procesos de
aborto.